Declaración ante el Fallecimiento de Juan Francisco Kuykendall

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Kuy convaleciente en casa, julio 2013.

México se encuentra en un punto axial de una larga transición del sistema de dominación política, nos encontramos en una fase de cambio de época, en que el viejo orden se encuentra feneciendo y aún no hay algo en el horizonte que lo vaya a suplir. Esta fase de transición y cambio viene ocurriendo por lo menos 30 años y en ella, las clases y grupos dominantes, tanto nativos como internacionales, ponen todo su empeño para que el control y dominio que han ejercido históricamente no solo no se les escape de las manos, sino que además buscan que el nuevo orden les permita redoblar el proceso de explotación y despojo del territorio y la población de este país.

Para ello necesitan hacer a un lado todas las barreras políticas, sociales y legales erigidas a lo largo de años de lucha del pueblo mexicano que, durante la etapa posrevolucionaria, se tradujeron en derechos y libertades considerados hasta hace unas décadas, parte sustantiva de la identidad y pertenencia de país. Derechos como la propiedad nacional de los recursos del suelo y el subsuelo, al trabajo, a la educación, entre otros, han sido borrados del mapa político o se encuentran bajo un ataque frontal de quienes controlan de manera mafiosa el aparato estatal en México.

Con el lenguaje perverso que iguala modernidad a depredación, la clase política dirigente se encuentra empeñada en una gran venta de garaje en que la principal mercadería en oferta es la población y el territorio mexicanos. A esta venta le llaman Reformas Estructurales y es el último esfuerzo que el capital transnacional y sus capataces en México realizan para entregar el país, destruirlo, y reconstruirlo de manera que sea funcional al beneficio exclusivo de dicho capital. El gobierno impuesto en Diciembre de 2012, encabezado por el político del PRI, Enrique Peña Nieto es el encargado de llevar a efecto la última vuelta de tuercas de la fase capitalista llamada neoliberalismo. Con sus reformas educativas, laboral, energética y fiscal el gobierno del semi estado mexicano, busca cumplir los compromisos contraídos con los grupos capitalistas nacionales y transnacionales que lo llevaron e impusieron en el poder y con el gobierno de Estados Unidos, de quien el presidente-criminal recibe sus verdaderas órdenes.

La trayectoria y biografía política de Enrique Peña Nieto, marcada por la violencia, la mentira y la corrupción, es un ejemplo gráfico del modelo que siguen todos los miembros de la clase política. El hecho político más sobresaliente que se conoce de este joven político, famoso por su incultura y desdén por la lectura y el conocimiento, es la orden que dio, siendo gobernador del estado de México, para el ataque y virulenta represión en contra del rebelde pueblo de San Salvador Atenco, con apoyo de los tres niveles del gobierno y los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) en Mayo de 2006. Dicha invasión policíaco-militar se saldó con dos muertos civiles: el niño Javier Cortés y el estudiante y compañero adherente de la Otra Campaña Alexis Benhumea, decenas de heridos y cientos de detenidos que sufrieron toda clase de abusos, torturas y vejaciones sexuales, por la policía estatal, durante el traslado a las prisiones en donde fueron recluidos. Ningún policía estatal, ningún funcionario del estado de México, o el entonces gobernador, han respondido o han sido castigados judicialmente, por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006.

El desparpajo, el cinismo y la impunidad en la que éste y todos los políticos profesionales se mueven, tuvo su ejemplo durante la campaña presidencial en donde Enrique Peña Nieto fue encarado e impugnado por la comunidad de una conocida universidad privada, por la represión de Atenco. Desconcertado ante las protestas inesperadas de estudiantes que él suponía lo apoyaban, el político mexiquense se declaró él solo responsable por los hechos de Atenco, como décadas atrás, otro asesino de su mismo partido, el chacal Gustavo Díaz Ordaz, se declaró enteramente responsable por la matanza de Tlatelolco. Ambas declaraciones no son sólo el producto de la bravuconería, común a todos los mafiosos, sino una declaración abierta de impunidad. Puesto que se saben intocables por un sistema judicial sometido y cómplice.

El despojo y la explotación tienen como otra muestra evidente, el desprecio y la represión, que son las otras dos ruedas de esa locomotora que se precia de ser imparable, a la que conocemos como capitalismo. El proyecto depredador capitalista y el gobierno que se planeó imponer para llevarlo a cabo, pronto encontró que sus planes no serían aceptados de buen grado por la enorme diversidad de los que abajo viven y padecen nuestro país. Desde el 1 de diciembre de 2012, día marcado para el ceremonial de imposición de Enrique Peña Nieto, una gigantesca movilización popular se presentó en las inmediaciones del Congreso, que, controlado por la clase política entreguista y corrupta se había atrincherado varios días antes con inmensas vallas metálicas y decenas de miles de policías de todos los niveles (federal y de la ciudad de México) y que armados hasta los dientes, los separaban del pueblo que proclaman representar.

Los enfrentamientos producto de la rabia por el despojo, la imposición fraudulenta y la gala de fuerza con la que el estado mexicano se blindó de la inconformidad, las protestas se saldaron con decenas de heridos de parte de los inconformes, entre los cuales el director de teatro, promotor cultural y compañero adherente de la Sexta, Juan Francisco Kuykendall, herido en la cabeza de manera violenta y el estudiante de la UACM Uriel Sandoval, quien perdió un ojo producto del disparo a quemarropa de una bala de goma disparada desde las vallas policiales, figuran entre los más graves. Juan Francisco Kuykendall recibió un ataque artero mediante el disparo de una bomba de gas lacrimógeno directo en la cabeza que le hizo perder el conocimiento y le provocó una herida craneal con masa encefálica expuesta, que lo dejó, durante más de un año, en un estado de postración permanente desde esa fecha. Sin habla sin poder moverse, con escaras, una a nivel de hueso por la inmovilidad que le causó dicha herida, y las graves faltas y omisiones en su atención médica, se tradujeron en un verdadero viacrucis por hospitales y clínicas públicas en la ciudad de México. Hoy, 25 de enero del 2014 a las 5 de la mañana, nuestro compañero murió sólo, en una fría cama de hospital.

Al momento el Estado mexicano no se ha hecho responsable y la poca o mucha atención y acompañamiento fue gracias al esfuerzo y cobertura de su familia y compañeros de lucha.

Los enfrentamientos, las detenciones y la represión durante las jornadas de protesta del 1 de diciembre fueron el toque de inicio de una tendencia general de todas las instancias del estado mexicano y de todos los niveles de gobierno para redoblar el control y el ataque a los derechos y libertades fundamentales del pueblo mexicano. Y a la actuación violenta y homicida de la Policía Federal en las inmediaciones de San Lázaro, le siguieron las tácticas de encapsulamiento y detenciones arbitrarias por parte de la policía de la Ciudad de México en los actos de protesta conmemorativos de las matanzas del 10 de Junio y 2 de octubre, en 2013.

La represión generalizada se ha acompañado en el Distrito Federal por la restricción y el acotamiento del derecho ciudadano a la libre manifestación, además del cercamiento del Zócalo, después del violento y arbitrario desalojo de los profesores democráticos, para impedir que manifestación alguna se acerque siquiera a sus inmediaciones. Esto ha configurado un verdadero estado de excepción, creado desde arriba por parte del gobierno de la ciudad de México, que se precia de ser de izquierda, para evitar que la inconformidad contra el gobierno impuesto de Peña Nieto se desborde y ponga en peligro su gobernabilidad sostenida con alfileres.

El jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, no ha tenido empacho alguno en actuar como fiel patiño de la mafia enquistada en el gobierno federal y ha puesto su gobierno y capital político al servicio del proyecto depredador de Peña Nieto. Es claro ahora, que la fase “progresista” de los gobiernos del DF ha llegado a su fin, y lo único que queda es el cascarón de algunas políticas sociales que, desprovistas de cualquier trasfondo de compromiso ideológico con los de abajo, solo muestran su sucia cara clientelar.

A la represión contra la legítima rabia de los movimientos sociales y las organizaciones populares, le sigue el desprecio mostrado en la criminalización de la protesta social en general y de organizaciones, identidades o ideologías específicas, como es el caso del movimiento libertario y anarquista. Hoy, los anarquistas son el blanco preferido de los cuerpos policiales durante las manifestaciones, pues son ellos quienes han protagonizado, en primera línea, las acciones directas y de autodefensa contra las alevosas detenciones, cargas y agresiones policiacas. No es casualidad que junto a los miembros de pueblos indígenas, sean jóvenes identificados ideológicamente con el movimiento anarquista quienes engrosan las filas de los presos por razones políticas en nuestro país. Un caso de gravedad extrema es el del compañero Mario González, estudiante de la UNAM.

Allá arriba han podido dar cuenta del nivel de rabia e inconformidad presentes abajo. Como están divorciados por completo de la realidad del país y carecen de contacto real al nivel de la calle, lo único que pueden ver en las protestas y manifestaciones populares es el cumplimiento de sus más grandes temores: la ingobernabilidad, el levantamiento popular, la revolución civil. El tamaño de la destrucción que nos quieren aplicar es de tal magnitud, que requiere de un gigantesco operativo de control y sometimiento, de ahí las políticas de contrainsurgencia, ensayadas largamente en el territorio rebelde zapatista en Chiapas y en otros lugares, las cuales incluyen la guerra psicológica (o mediática) y cuando sea necesario, la militar; de ahí la aplicación de medidas de terror estatal cómo la provocada guerra contra el pueblo (llamada oficialmente contra el crimen organizado) en el sexenio anterior y lo que va de éste.

Allá arriba se están preparando para asestarnos un golpe tan duro que no podamos levantarnos en mucho tiempo; pero no lo van a lograr, porque podemos rearticularnos y responder, en forma organizada, ese golpe con muchos pequeños golpes, a través de los pequeños espacios que por todas partes agrietan el poder anquilosado del vetusto estado nacional. Como han dicho los compañeros zapatistas, siendo muchos y diversos podremos aprovechar nuestra enorme diversidad para evitar ser avasallados y hacer que las peores pesadillas de los mandarines en turno se conviertan en realidad, y que el estado de excepción y la lucha de clases, provengan por primera vez en décadas, desde abajo hacia arriba.

De la muerte de nuestro querido compañero Juan Francisco Kuykendall, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, hacemos directamente responsables a: Enrique Peña Nieto, presidente de la República, a Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado de Seguridad Nacional del gobierno en turno y por supuesto, a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad de México.

¡¡No descansaremos en exigir justicia, no descansaremos  hasta alcanzar ese mundo en el cual también Kuy soñaba, un mundo donde quepan muchos mundos!!

¡Justicia para Kuy!

¡Castigo para los responsables!

¡Libertad a todxs lxs presxs políticxs!

¡Viva el EZLN!

¡Vivan las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas!

¡Viva la Sexta!

¡¡Viva Kuy!!

Contra el despojo y la Represión, la Solidaridad!

Comisión de la campaña “Va Por Kuy”

Red contra la Represión y por la Solidaridad-Valle de México

25 de enero 2014

 

 

 

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